Fecha de publicación: Octubre 2026
La responsabilidad extendida del productor, o REP, es la obligación de quien fabrica o importa un producto de hacerse cargo de su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida: desde la materia prima hasta lo que ocurre cuando el producto se desecha. En México dejó de ser un concepto voluntario el 20 de enero de 2026, con la entrada en vigor de la Ley General de Economía Circular. Y obliga a mirar lo que muchas empresas prefieren no ver: lo que pasa antes de que el insumo entre a la planta y después de que el producto sale de ella.
¿Le ha pasado?
Entra al sitio web de una empresa, o a su recepción, y todo habla de sustentabilidad. Certificado ISO 14001 enmarcado en la pared. Reconocimientos de responsabilidad ambiental. Un informe anual con hojas verdes en la portada.
Luego sale y rodea el predio. Hay una fila de camiones esperando para salir: unos con producto, otros con residuos. En los patios de maniobras se acumulan montañas de scrap y contenedores que parecen llevar ahí bastante tiempo. Y si pasa de noche, el olor de la descarga de agua le dice algo que ningún informe menciona.
He vivido esa escena más de una vez. Y siempre me deja la misma pregunta: ¿de qué hablamos cuando decimos que una empresa es sustentable?
Hay un ejemplo pequeño que lo explica mejor que cualquier informe.
Seguramente ha visto esos lápices que se venden como sustentables. Están hechos de madera «reciclada», aunque a simple vista se nota que es una sola fibra y no la mezcla de fibras de un tablero aglomerado. Algunos traen semillas en la punta para que, cuando el lápiz se termine, lo plante y le crezca un huerto en casa.
La idea es encantadora. Pero nadie le cuenta de dónde vino la madera, ni qué cadena de custodia la respalda. Y, sobre todo, nadie menciona el grafito: un mineral que se extrae, se procesa y se transporta, con su propio impacto ambiental, y que queda exactamente igual en un lápiz «sustentable» que en uno convencional.
Eso es lo que yo llamo la falacia de la sustentabilidad: evaluar un producto por su estética y su presentación, sin preguntarse por su composición ni por su origen. Y no es exclusiva de los lápices. Ocurre cada vez que una empresa mide su desempeño ambiental solo dentro de su barda, como si el impacto de sus insumos, la ubicación de sus proveedores, las tecnologías y métodos de extracción o las condiciones en que se obtienen sus materias primas no fueran parte de su producto.
Lo son. Y la responsabilidad extendida del productor existe precisamente para que nadie pueda olvidarlo.
El mismo razonamiento aplica a productos mucho más sofisticados.
Pensemos en unos tenis de una marca deportiva global. Cada vez más modelos se anuncian con un corte tejido con hilo de botellas de plástico y retazos textiles, y con suelas que incorporan caucho reciclado triturado. Son avances reales y conviene reconocerlos.
Pero el material es solo una parte de la historia. Esos tenis se fabrican en un continente y se venden en todo el mundo. Para llegar a una tienda en Guanajuato viajan miles de kilómetros: en barco, en avión o en camión, con combustible pesado, turbosina o diésel, y pasan por centros de distribución y empaques secundarios. Cada uno de esos tramos tiene su propia huella. Un producto con materiales reciclados puede tener, en su conjunto, una huella mayor o menor que otro convencional. Depende de cómo se fabrica, con qué energía, cómo se transporta y qué pasa con él al final de su vida.
Esto no es una crítica a una marca en particular. Las grandes empresas que reportan sus emisiones de cadena de valor saben que el transporte y la distribución tienen su propia categoría de cálculo. El ejemplo sirve porque muestra lo que el consumidor no ve: la etiqueta habla del material, pero el ciclo de vida habla de todo lo demás.
El concepto lo formuló el investigador sueco Thomas Lindhqvist en 1990, en un informe para el Ministerio de Medio Ambiente de su país. Su planteamiento era sencillo y poderoso: quien diseña y pone un producto en el mercado es quien tiene mayor capacidad para reducir su impacto en todo el ciclo de vida, así que debe asumir la responsabilidad de ese ciclo completo, incluido el final.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos lo convirtió después en guía de política pública. Hoy la REP sostiene buena parte de la regulación ambiental de productos en el mundo:
Para las plantas mexicanas que exportan, esto ya no es teoría: sus clientes lo están trasladando a la cadena de suministro.
El 19 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Economía Circular, que entró en vigor al día siguiente. La ley define la REP como el medio por el cual la persona productora o importadora es responsable ambientalmente de su producto en su ciclo de vida, en los términos de la gestión circular que inscriba ante la SEMARNAT.
En la práctica, la ley establece lo siguiente:
La ley también incluye una prohibición que conecta directamente con el lápiz del principio. El artículo 43 prohíbe generar o utilizar información falsa sobre las características ambientales de los productos, o sobre procesos supuestamente apegados a la economía circular, y usar etiquetas o distintivos que confundan al consumidor. El greenwashing dejó de ser solo un problema de reputación.
Las infracciones se sancionan conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: multas de 30 a 50,000 UMA, que con el valor de 2026 equivalen a entre 3,519 y 5,865,500 pesos, además de la posible clausura y la revocación de permisos.
La REP, además, no sustituye lo que ya existía. La responsabilidad compartida y los planes de manejo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos siguen vigentes y se aplican de forma complementaria.
Conviene ser precisa: la ley ya está vigente, pero buena parte de su operación depende de instrumentos posteriores.
Mi recomendación es seguir el Diario Oficial de cerca y no esperar al acuerdo del propio sector para empezar a prepararse.
A esto se suma otro cambio de fondo. El 26 de agosto de 2026, la Presidencia envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que busca actualizar el marco ambiental vigente desde 1988. Entre sus principios, la presentación oficial incluyó uno que resume el espíritu de todo este movimiento: pasar de una economía que desecha a una economía que aprovecha. La iniciativa todavía debe discutirse en el Congreso, pero la dirección es clara.
Para las empresas con un sistema de gestión ambiental, la REP no debería llegar como una sorpresa. La ISO 14001, cuya cuarta edición se publicó en abril de 2026, exige desde hace años mirar más allá de la barda:
La guía de la propia norma hace una aclaración muy útil: la perspectiva de ciclo de vida no exige un análisis de ciclo de vida detallado. Basta con pensar con cuidado en los aspectos que la organización puede controlar o influir en cada etapa. Ese ejercicio, bien hecho, es casi el borrador de una Gestión Circular.
Cuando una empresa quiere diseñar un producto con menor impacto, o saber con precisión cuál es su huella, la perspectiva de ciclo de vida ya no basta. Hace falta un análisis de ciclo de vida (ACV) hecho con rigor. Y ahí es donde muchas afirmaciones «verdes» se caen, porque un ACV es tan confiable como tres cosas: su método, sus datos y la experiencia de quien lo hace.
El método. Las normas ISO 14040 e ISO 14044 establecen los principios y los requisitos de un ACV. Definen cuatro fases que no admiten atajos:
La ISO 14044 exige además una revisión crítica independiente cuando los resultados se usan para hacer afirmaciones comparativas que se difunden al público. Es decir, para decir «mi producto contamina menos que el de la competencia».
Los datos. Ningún estudio mide todo con datos propios. Para la electricidad de la red, el transporte marítimo, la producción de resinas o la extracción de un mineral como el grafito se usan bases de datos de inventario. Las más reconocidas, como las que mantienen centros de investigación independientes o los conjuntos de datos de la Huella Ambiental de la Comisión Europea, son públicas en su metodología, están documentadas, se revisan y declaran su representatividad geográfica y temporal. Usar un dato genérico de otro país, o de hace quince años, puede cambiar por completo una conclusión. Cuando el resultado se va a comunicar al mercado, lo recomendable es que se apoye en datos de calidad verificable y, si se publica como declaración ambiental de producto, que sea verificado por un tercero conforme a la ISO 14025.
El criterio. El software y las bases de datos no sustituyen el juicio técnico. Hay que decidir qué incluir y qué excluir, cómo asignar impactos entre coproductos, qué método de evaluación usar y cómo leer la incertidumbre. Un ACV mal planteado, con límites convenientes, es la forma más sofisticada del lápiz «sustentable». Por eso conviene que lo haga, o al menos lo revise, alguien con formación específica.
Para la huella de carbono de un producto existe una norma propia, la ISO 14067. Y el GHG Protocol, en su estándar de cadena de valor, dedica categorías específicas al transporte y la distribución antes y después de la fábrica, justo el tramo que los tenis del ejemplo recorren por todo el mundo.
Cuando acompaño a una planta en este tema, las primeras acciones casi nunca son las más vistosas. Son las que ordenan:
Imagine volver a aquella empresa del principio dentro de un par de años. Ojalá el certificado siga en la pared. Pero ojalá también los patios estén despejados, el scrap tenga un destino que genere valor, los proveedores sepan exactamente qué se les pide y el olor de la noche sea un recuerdo.
La sustentabilidad de un producto no se mide en su empaque ni en su recepción. Se mide en todo su ciclo de vida: en la mina de grafito, en el bosque de donde salió la madera, en el barco que cruza el océano con unos tenis, en el camión que espera en la fila y en lo que queda cuando ya nadie lo usa. La responsabilidad extendida del productor no inventó esa verdad. Solo la volvió obligatoria.
¿Qué es la responsabilidad extendida del productor?
Es la obligación de quien fabrica o importa un producto de hacerse responsable de su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, incluido su manejo cuando se convierte en residuo. En México se establece en la Ley General de Economía Circular, vigente desde el 20 de enero de 2026.
¿A qué empresas aplica?
A las personas productoras e importadoras de los sectores y productos que determine la SEMARNAT mediante los acuerdos generales de implementación de la REP. Estos acuerdos fijarán obligaciones, metas y plazos, con gradualidad para micro, pequeñas y medianas empresas.
¿Qué relación tiene la REP con la ISO 14001?
La ISO 14001 pide considerar la perspectiva de ciclo de vida al determinar los aspectos ambientales, identificar las obligaciones legales y controlar el diseño, las compras y la información sobre el final de vida del producto. Un sistema ISO 14001 bien implementado es la base natural para cumplir con la REP.
¿La REP sustituye los planes de manejo de residuos?
No. La responsabilidad compartida y los planes de manejo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos siguen vigentes y se aplican de forma complementaria a la REP.
¿Qué norma regula el análisis de ciclo de vida?
Las normas ISO 14040 e ISO 14044 establecen los principios, requisitos y fases de un análisis de ciclo de vida. Para que sea confiable debe apoyarse en bases de datos de inventario reconocidas y documentadas, y someterse a revisión crítica cuando sus resultados se usen para comparar productos públicamente.
¿Qué pasa si una empresa hace afirmaciones ambientales falsas?
La Ley General de Economía Circular prohíbe generar o usar información falsa sobre las características ambientales de los productos y usar distintivos que confundan al consumidor. Las infracciones se sancionan con las multas y medidas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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