Fecha de publicación: Octubre 2026
El expediente ambiental de un proyecto industrial puede caerse por dos razones, y ninguna tiene que ver con llenar mal el formato. Sobre cómo se determina la autoridad competente en el Bajío, por qué la línea base biótica es el estudio que más veces retrasa una resolución, y qué cuesta descubrirlo tarde.
La fecha de arranque es la única cifra que todos en el proyecto conocen de memoria.
Está en la presentación que se envió al corporativo, en el contrato de arrendamiento de la nave, en la orden de compra del equipo que ya viene en tránsito y en el compromiso que alguien firmó con el cliente. Todo lo demás el presupuesto, el alcance, la plantilla admite ajuste. Esa fecha, no.
Y el expediente ambiental es, con diferencia, la vía por la que esa fecha se pierde con más frecuencia. No porque el trámite sea largo: los plazos legales en Guanajuato son razonables. Se pierde por dos motivos que ocurren mucho antes de que alguien entregue un documento en ventanilla.
El primero es presentar ante la autoridad equivocada. El segundo es presentar ante la correcta con un estudio que no aguanta la revisión.
El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente enumera las obras y actividades que requieren autorización federal en materia de impacto ambiental. Tres de sus supuestos jalan proyectos industriales del Bajío hacia la federación, y operan de manera independiente: basta que se cumpla uno.
Por el giro. La fracción II somete a competencia federal a las industrias petrolera, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica. La fracción VII añade los parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas. En el corredor Salamanca–Irapuato–Celaya esto no es hipotético: una planta de alimentos o de arneses es de competencia estatal; una de resinas, solventes o especialidades químicas, no.
Por el suelo. La fracción VI incluye los cambios de uso de suelo en áreas forestales, selvas y zonas áridas. Y arrastra un procedimiento adicional que muchos promoventes descubren tarde: el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, que se tramita ante la federación y es distinto de la manifestación. Son dos expedientes, no uno. En los desarrollos del piedemonte de la Sierra de Lobos y de la Sierra de Santa Rosa, este supuesto se activa con más frecuencia de la que se anticipa.
Por el ecosistema y el agua. La fracción IX abarca obras en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar y en sus zonas federales; la fracción X, las obras en áreas naturales protegidas de competencia federal. Guanajuato no tiene litoral, pero sí tiene la laguna de Yuriria —sitio Ramsar— y el Lerma como cuerpo de aguas nacionales.
Un proyecto puede ser perfectamente estatal por su giro y federal por el suelo que va a desmontar. La determinación de competencia no admite promedios: se resuelve supuesto por supuesto.
Cuando ninguno de los supuestos federales se actualiza, la evaluación corresponde al estado. Y hay aquí una novedad institucional reciente.
Desde la reestructura administrativa de septiembre de 2024, la autoridad ambiental estatal es la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. La denominación anterior —Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial— sigue apareciendo en el dominio del portal y en la codificación de los formatos, de modo que el gremio continúa refiriéndose a ella por sus siglas antiguas. Es una confusión menor, pero la denominación vigente es la que debe aparecer en cualquier documento que se presente.
La fusión de las materias de agua y ambiente en una sola dependencia no es un detalle de organigrama. En un estado donde buena parte de los acuíferos opera bajo condiciones de sobreexplotación, que la autorización ambiental y la gestión del recurso hídrico dependan de la misma secretaría modifica el orden sensato de armar un proyecto: la pregunta por el agua deja de ser un pendiente posterior a la nave y pasa a ser una condición previa que conviene resolver en paralelo.
El trámite se denomina Autorización de Impacto Ambiental y se presenta mediante el formato FCSMAOT‑03‑01. Los instrumentos que se evalúan son la manifestación de impacto ambiental y, cuando corresponde, el estudio de riesgo ambiental. Los plazos oficiales son claros:
Cincuenta días hábiles en total. Poco más de dos meses. Ningún cronograma industrial serio se descarrila por ese plazo —y sin embargo los cronogramas se descarrilan, por razones que veremos enseguida.
Aquí está el matiz que distingue a Guanajuato de la lectura simplificada de dos niveles. Es también el que más veces se pasa por alto en proyectos pequeños y medianos.
Los municipios con capacidad técnica y reglamentación propia consolidada —León, Irapuato y Celaya entre ellos— no se limitan a opinar. Cuentan con atribuciones para emitir su propio resolutivo y su autorización en materia de impacto ambiental respecto de obras de competencia estrictamente local: fraccionamientos específicos, establecimientos comerciales e industrias de bajo impacto que no estén reservadas ni a la federación ni al estado.
De modo que la pregunta inicial de cualquier proyecto no es «¿necesito manifestación de impacto ambiental?». Casi siempre la respuesta es sí. La pregunta es ante cuál de las tres bandejas, y equivocarse no significa recibir una negativa: significa recibir, semanas después, la indicación de que el expediente no correspondía a esa autoridad. El tiempo transcurrido no se recupera.
Supongamos ahora que la competencia se determinó bien y el expediente entró donde debía. Queda el segundo motivo, y en la práctica es el que más cronogramas cuesta.
De todos los componentes de una manifestación, dos llegan sistemáticamente peor integrados que el resto: la línea base del medio biótico —la caracterización de flora y fauna del predio y su área de influencia— y el análisis de impactos acumulativos y sinérgicos.
El patrón es reconocible. El promovente presenta un inventario de gabinete: listados de especies potenciales derivados de bases de datos y bibliografía regional, sin muestreo estacional real en campo. Formalmente el capítulo existe. Técnicamente no dice nada del predio.
La razón es biológica y elemental. La detectabilidad de la fauna varía con la estación. Una sola campaña en secas no registra especies migratorias, no captura actividad reproductiva y subestima la riqueza del sitio de manera sistemática.
Un listado construido así no sustenta la evaluación de impactos ni las medidas de mitigación. El evaluador lo advierte de inmediato.
La consecuencia es previsible y cara: prevención automática, reposición de la fase de campo y una dilatación del proceso de entre tres y seis meses adicionales antes de alcanzar la resolución definitiva. Un trámite de cincuenta días hábiles se convierte en uno de dos trimestres, y la fecha de arranque —esa cifra que todos conocían de memoria— se pierde.
El daño no termina ahí. Un muestreo deficiente puede omitir la presencia de especies incluidas en la norma oficial mexicana de especies en riesgo, cuya detección tardía obliga a programas de rescate y reubicación que nadie presupuestó, con calendarios propios y personal especializado.
El análisis de impactos acumulativos y sinérgicos falla por un motivo distinto pero emparentado: se redacta como si el proyecto ocurriera en el vacío. En un corredor industrial donde la presión sobre el acuífero, el suelo y la vialidad es el resultado de decenas de proyectos concurrentes, evaluar el propio de forma aislada es no evaluarlo.
Un proveedor de componentes automotrices toma una nave en el entorno de Irapuato. El polígono incluye una franja de aproximadamente cuatro hectáreas de vegetación que debe despejarse para maniobras y estacionamiento. La fecha de arranque está comprometida con la armadora y el equipo está en tránsito.
El expediente se integra en marzo, en plena época de secas, con una campaña de campo de tres días y un listado biótico construido a partir de bibliografía regional. Se presenta ante la autoridad estatal.
Ocurren dos cosas, y ninguna es una negativa.
La primera es una prevención sobre la línea base del medio biótico: sin muestreo estacional, el inventario no sustenta la evaluación de impactos ni las medidas de mitigación propuestas. Hay que reponer la fase de campo, ahora incluyendo la temporada de lluvias, que no llegará hasta junio.
La segunda aparece durante la revisión: la franja por desmontar tiene carácter de terreno forestal. El cambio de uso de suelo activa competencia federal y exige, además, un estudio técnico justificativo que se tramita por separado. El expediente estatal no era el expediente correcto, y el que sí lo era necesita el mismo levantamiento biótico que acaba de ser observado.
El proyecto no fue rechazado. Simplemente arrancó dos trimestres después, con la nave arrendada y ociosa, el equipo almacenado y una explicación difícil ante el corporativo.
El deber ser, falta por falta
La conclusión práctica es tranquilizadora. Nada de lo anterior exige recursos extraordinarios: exige orden.
La competencia se determina antes de firmar. El análisis contra el artículo 28 cuesta días, no semanas, y se hace con el proyecto en la mano y el predio identificado. Hecho después del arrendamiento, ya no es un análisis: es un descubrimiento.
El carácter del suelo se verifica documentalmente. Si hay terreno forestal, hay dos expedientes. Y eso se dice en el primer cronograma, no cuando el evaluador lo señala.
El levantamiento biótico se programa por calendario biológico. Es la inversión de criterio más rentable de todo el proceso: un muestreo estacional bien planeado cuesta una fracción de lo que cuesta perder un trimestre, y es la diferencia entre un capítulo que sustenta y uno que se observa. La temporada de lluvias llega cuando llega, con independencia de la fecha comprometida con el corporativo.
El agua se resuelve en paralelo. Con la materia hídrica y la ambiental bajo la misma secretaría, tratar la disponibilidad como un asunto posterior dejó de tener sentido administrativo.
Cincuenta días hábiles es un plazo con el que cualquier proyecto industrial puede vivir. Dos trimestres, no. Y la diferencia entre uno y otro casi nunca se decide en la ventanilla: se decide meses antes, en la mesa donde alguien determinó ante quién se iba a presentar y con qué evidencia.
En HF Safety & Environmental integramos y damos seguimiento técnico a expedientes de impacto ambiental en Guanajuato y el Bajío: determinación de competencia, línea base del medio biótico con muestreo estacional, estudios de riesgo ambiental y análisis de impactos acumulativos. Si tiene un proyecto con fecha de arranque comprometida, la conversación conviene tenerla antes de firmar el arrendamiento.
¿Quién evalúa hoy el impacto ambiental estatal en Guanajuato?
La Secretaría del Agua y Medio Ambiente, dependencia surgida de la reestructura administrativa de septiembre de 2024. El portal y los formatos conservan aún la codificación de la denominación anterior, pero la denominación vigente es la que debe usarse en los documentos que se presenten.
¿Cuánto tarda la autorización estatal?
Diez días hábiles para la respuesta a la solicitud inicial y cuarenta días hábiles para la respuesta a la evaluación de la manifestación o del estudio de riesgo ambiental.
¿Cómo sé si mi proyecto es federal, estatal o municipal?
Se resuelve contrastando el proyecto contra los supuestos del artículo 28 de la LGEEPA: giro industrial, cambio de uso de suelo forestal, ecosistemas y áreas naturales protegidas federales. Si ninguno se actualiza, corresponde al estado, salvo que se trate de una obra estrictamente local en un municipio con reglamentación consolidada, como León, Irapuato o Celaya.
¿Por qué se previene con tanta frecuencia la línea base biótica?
Porque suele integrarse con inventarios de gabinete sin muestreo estacional. La detectabilidad de la fauna varía con la estación, de modo que una sola campaña en secas subestima la riqueza del sitio. La reposición de la fase de campo puede añadir de tres a seis meses al proceso.